El presidente Javier Milei elimina el ANDIS: un cambio controvertido en las políticas sociales del país
El presidente de la Nación, Javier Milei, firmó el decreto 1.024/2025, que establece la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un organismo creado en 2014 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo de garantizar los derechos de las personas con discapacidad y promover su inclusión social. Esta medida ha generado reacciones encontradas en diferentes sectores de la sociedad, especialmente entre las organizaciones de la discapacidad, los defensores de derechos humanos y algunos legisladores opositores.
El decreto y sus fundamentos
El gobierno de Milei justificó la decisión de eliminar el ANDIS como parte de una serie de reformas estructurales que buscan “optimizar el gasto público” y “reducir el tamaño del Estado”. Según el ministro de Economía, Javier Milei, la disolución de esta agencia obedece a la necesidad de "reestructurar" el aparato estatal para garantizar una mayor eficiencia en la administración de los recursos. “El Estado debe ser austero, y no puede haber agencias ineficaces que sigan sin cumplir con su misión", afirmó el presidente en un comunicado oficial.
Según lo dispuesto en el decreto, las funciones del ANDIS serán absorbidas por otras áreas del gobierno, como el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social, lo que se traduciría en un cambio en la manera en que se gestionan las políticas para personas con discapacidad. Además, se adelantó que las medidas de accesibilidad, educación y salud para este sector de la población seguirán vigentes, pero a través de un esquema más descentralizado.
Reacciones y críticas
La decisión de disolver el ANDIS no tardó en generar críticas, especialmente de parte de las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad. La Fundación Discapacidad y Sociedad, una de las principales entidades en el tema, expresó su “enorme preocupación” por la medida y consideró que podría “retroceder en los avances logrados en la inclusión y la accesibilidad en la última década”. En un comunicado, la fundación advirtió que “la eliminación de un organismo dedicado exclusivamente a las personas con discapacidad puede derivar en una pérdida de enfoque en políticas públicas vitales para la integración social de este colectivo”.
El senador del Frente de Todos, Andrés "Chapu" López, también manifestó su desacuerdo, indicando que esta decisión es “un paso atrás” para los derechos de las personas con discapacidad. “El ANDIS fue un avance en la visibilidad y la autonomía de las personas con discapacidad, y su desaparición deja un vacío peligroso en la atención a sus necesidades. Es un retroceso en términos de derechos humanos y equidad”, aseguró.
Por otro lado, desde el oficialismo, varios legisladores defendieron la medida, argumentando que el país necesita reformas para reducir el gasto público. La diputada oficialista, Mariana García, destacó que “si bien la eliminación del ANDIS puede generar preocupación, el gobierno se compromete a seguir trabajando por los derechos de las personas con discapacidad a través de otros mecanismos más integrales y descentralizados.”
La respuesta de las personas con discapacidad
Desde el comienzo de la discusión sobre la disolución del ANDIS, las personas con discapacidad han expresado su preocupación por la falta de certeza sobre cómo se garantizarán sus derechos tras el cambio de estructura. Muchos de ellos temen que, al eliminar un organismo dedicado exclusivamente a ellos, sus necesidades y reclamos queden desatendidos. En las últimas semanas, diversos grupos han organizado protestas pacíficas frente a la Casa Rosada y otras instituciones del gobierno para visibilizar su descontento.
El futuro del sistema de inclusión
Aunque el presidente Milei aseguró que las políticas para personas con discapacidad no se verán afectadas, la incertidumbre persiste. Los expertos en derechos humanos sugieren que el nuevo sistema debe ser vigilado de cerca para asegurar que no haya retrocesos en términos de accesibilidad, educación y empleo para este sector de la población. Las organizaciones que apoyan a las personas con discapacidad han pedido un compromiso formal por parte del gobierno de garantizar que sus derechos se mantendrán vigentes bajo el nuevo esquema.
Conclusión:
La eliminación del ANDIS se presenta como una de las medidas más controversiales de la administración de Javier Milei hasta la fecha. Mientras el gobierno asegura que la decisión responde a un esfuerzo por hacer más eficiente al Estado, diversos sectores de la sociedad, en especial las organizaciones de personas con discapacidad, critican la medida y exigen garantías de que las políticas públicas en su favor no sufrirán retrocesos. En los próximos meses, será clave observar cómo se implementan los cambios y si realmente las personas con discapacidad siguen recibiendo el apoyo necesario para su inclusión plena en la sociedad.
