Javier Milei modificó la ley de inteligencia por DNU: el Gobierno avanzó con la reestructuración integral de la SIDE
Buenos Aires, 2 de enero de 2026 – El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que introduce cambios significativos en la Ley de Inteligencia Nacional y da inicio a la reestructuración integral de la Secretaría de Inteligencia de la Nación (SIDE), con el objetivo de modernizar y reformar el organismo central en el sistema de inteligencia del país.
La medida, que se conoce oficialmente como Decreto 100/2026, establece una serie de reformas que incluyen la creación de nuevas divisiones dentro de la SIDE, la reestructuración de su liderazgo y la modificación de las funciones específicas de inteligencia, con un enfoque en hacer más transparente y eficiente el accionar del organismo. Además, el DNU establece nuevas normas para la **supervisión parlamentaria de las actividades de inteligencia, así como nuevas restricciones en torno a las actividades de espionaje interno.
Principales cambios introducidos por el DNU
- Reestructuración del liderazgo de la SIDE: Uno de los puntos centrales de la reforma es la modificación de la estructura jerárquica de la SIDE. Se disuelve la tradicional cúpula de liderazgo del organismo, y en su lugar se establecen **nuevas áreas de responsabilidad**, con un enfoque descentralizado. Cada división estará encabezada por directores específicos, quienes serán evaluados por un comité de expertos.
- Modernización de la inteligencia digital: En un esfuerzo por adaptarse a los nuevos tiempos, el gobierno estableció una nueva Dirección de Inteligencia Cibernética, encargada de monitorear amenazas en el ámbito digital, especialmente relacionadas con la ciberseguridad y el crimen organizado en línea. Este cambio subraya la importancia de la inteligencia digital en el siglo XXI, frente a los nuevos desafíos globales.
- Cambio en el rol de espionaje interno: La reforma de Milei modifica las facultades del servicio de inteligencia respecto a la vigilancia interna. Si bien se mantiene la capacidad de monitorear actividades de grupos que representen amenazas a la seguridad nacional, ahora se exigirá mayor justificación y supervisión judicial de las intervenciones dentro del territorio argentino. En este sentido, se limita el uso de escuchas telefónicas y seguimientos a ciudadanos que no estén involucrados en actividades criminales o terroristas.
- Fortalecimiento de la supervisión parlamentaria: Uno de los elementos más controversiales y discutidos por sectores de la oposición es la **potenciación del control parlamentario sobre la actividad de los servicios de inteligencia. A partir de esta reforma, se creará una nueva comisión bicameral del Congreso, encargada de auditar las actividades de la SIDE y realizar informes periódicos al respecto. Esta comisión estará formada por legisladores de todos los bloques políticos, lo que promete un mayor control público sobre el accionar de la inteligencia.
- Desclasificación de información: La ley de inteligencia también establece nuevos procedimientos para la desclasificación de documentos que hayan sido clasificados por razones de seguridad nacional. De acuerdo con el nuevo esquema, algunos documentos de la SIDE deberán ser desclasificados después de un plazo de 10 años, mientras que otros podrán ser liberados de forma anticipada si así lo solicita una instancia judicial.
Reacciones políticas y sociales
La reforma ha generado reacciones divididas entre los sectores políticos y la sociedad en general. Los partidarios de Milei argumentan que este es un paso necesario para poner fin a los "desvíos" en la inteligencia nacional y garantizar la eficiencia en el combate contra amenazas internacionales, como el narcotráfico y el terrorismo. Además, resaltan la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas que se busca con la creación de nuevas instancias de control.
Por otro lado, desde la oposición se han expresado preocupaciones sobre la posibilidad de que los cambios puedan ser utilizados para fines políticos o como una forma de centralizar aún más el poder del Ejecutivo sobre los servicios de inteligencia. En particular, algunos referentes del kirchnerismo y de otras fuerzas políticas progresistas han cuestionado la falta de debate parlamentario previo a la firma del DNU y la celeridad con que se implementaron los cambios.
Asimismo, organizaciones de derechos humanos han advertido que, si bien la reforma busca limitar el espionaje ilegal y proteger las libertades individuales, aún existen riesgos de que las nuevas estructuras de control no sean suficientes para evitar abusos de poder.
¿Qué implica esta reforma para el futuro de la SIDE?
La reestructuración de la SIDE no es solo un ajuste administrativo. De acuerdo con los analistas, la reforma tiene el potencial de transformar profundamente el funcionamiento del sistema de inteligencia en la Argentina, dando mayor prioridad a la seguridad cibernética, fortaleciendo los controles democráticos y buscando modernizar un organismo que, durante años, fue percibido como opaco y politizado.
A medida que se avanza en la implementación de estos cambios, se espera que los resultados sean evaluados tanto por los actores políticos como por la sociedad civil, con el fin de garantizar que la reforma logre su propósito sin comprometer los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En resumen, el presidente Milei, a través de este DNU, ha puesto en marcha una reforma significativa en la estructura de la inteligencia nacional, buscando alinearse con los desafíos contemporáneos, aunque también abriendo un campo de discusión sobre su impacto en la política interna y la transparencia en el manejo de la información del Estado.
