Editorial Periodístico: "El Retorno de los Noventa" El Gobierno de Milei Acelera el Plan de Privatizaciones para 2026

CON MAXIMILIANO SPADA

Tres décadas después de la gran ola de reformas estructurales del menemismo, Argentina asiste a la reactivación de un proceso que parecía sepultado en la historia reciente del país: la privatización y concesión de sus empresas públicas. El gobierno de Javier Milei ha puesto en marcha una agresiva segunda etapa de su plan económico, con el firme objetivo de captar entre USD 2.000 y USD 3.000 millones durante el transcurso de 2026.

Tras haber obtenido ingresos iniciales superiores a los USD 1.000 millones mediante licitaciones y ventas parciales de activos (como las centrales hidroeléctricas del Comahue y la venta de acciones de Transener a través de Enarsa), la Casa Rosada busca duplicar la apuesta. La premisa oficial combina la urgencia macroeconómica con la convicción ideológica: robustecer las reservas del Banco Central para afrontar los exigentes vencimientos de deuda y erradicar definitivamente el déficit operativo de las compañías estatales.

Un mapa de activos bajo la lupa privada

A diferencia de los proyectos iniciales presentados en 2024, que debieron pasar por el filtro del Congreso y la Ley Bases, el Ejecutivo avanza ahora sobre un esquema técnico detallado. Las empresas e infraestructuras prioritarias para este año abarcan sectores estratégicos de servicios, energía y transporte:

• Agua y Saneamiento: El proceso sobre AySA (Agua y Saneamientos Argentinos) entra en su etapa de definiciones con la preparación de los pliegos para la venta de su capital accionario o concesión del servicio, un recorrido que evoca la privatización de Obras Sanitarias de la Nación en 1993 y su posterior reestatización en 2006.

• Logística y Transporte Ferroviario: La licitación de Belgrano Cargas contempla no solo la concesión de tres líneas clave de trenes de carga, sino también la venta directa de material rodante (locomotoras y vagones), con el compromiso oficial de reinvertir lo recaudado en infraestructura del sector.

• Sector Energético: Continuará el desprendimiento de participaciones estatales dentro de Enarsa, incluyendo porcentajes mayoritarios en las termoeléctricas San Martín (Timbúes) y Manuel Belgrano (Campana).

• Servicios Aeroportuarios y Conectividad: La firma de rampa Intercargo y la concesión de corredores viales y rutas nacionales completan el núcleo operativo de las transferencias proyectadas para la segunda mitad del año.

Eficiencia fiscal vs. Soberanía y tarifas

El debate público en torno a este nuevo paradigma divide aguas de manera drástica en el plano político y social:

El argumento oficial: Desde el Ministerio de Economía y la Secretaría de Transformación del Estado sostienen que el déficit operativo de las 33 empresas públicas no financieras ya se redujo más de un 60% mediante planes de retiro voluntario y reestructuraciones previas. Traspasar estos activos al sector privado aliviaría definitivamente al Tesoro de los costos de mantenimiento y optimizaría los servicios a través de la inversión privada.

La advertencia de la oposición: Distintos sectores técnicos y políticos señalan los riesgos asociados a la pérdida de regulación estatal en áreas esenciales. Las principales críticas apuntan al impacto que una lógica de rentabilidad comercial pura podría tener sobre el cuadro tarifario de los servicios públicos (agua, peajes y transporte) y la desinversión en zonas geográficas no rentables pero socialmente críticas.

Mientras el Palacio de Hacienda utiliza los fondos obtenidos para saldar compromisos financieros con organismos internacionales y bonistas, el modelo de "motosierra y reforma" de La Libertad Avanza afronta su prueba de fuego. El éxito del plan ya no se mide únicamente en la velocidad de los decretos, sino en la capacidad real del mercado para absorber estos activos estratégicos y garantizar su funcionamiento en una Argentina que redefine, una vez más, las fronteras de su Estado.