Con la Selección en la cancha, Milei modificó por decreto la selección de jueces de la Corte Suprema

 

A través del Decreto 467/2026, el Ejecutivo eliminó el período de impugnaciones ciudadanas y quitó las recomendaciones de paridad de género y diversidad regional para los aspirantes al máximo tribunal. Fuerte rechazo en el ámbito judicial.

Mientras la atención pública y las pantallas del país se concentraban en el partido de la Selección Argentina, el Gobierno nacional movió una pieza clave en el tablero judicial. El presidente Javier Milei, junto al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, oficializó el Decreto 467/2026, una norma que altera drásticamente el mecanismo de designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, eliminando instancias históricas de control civil y transparencia.

El nuevo texto modifica y deroga los puntos neurálgicos del emblemático Decreto 222/03 (dictado en su momento por Néstor Kirchner), el cual buscaba autolimitar las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo para evitar la conformación de "tribunales adictos".

Los cambios clave: menos control civil y fin de la diversidad

La reforma introducida por el gobierno libertario reduce los filtros previos a que los pliegos de los candidatos lleguen al Senado. Las modificaciones principales incluyen:

• Eliminación de la participación ciudadana previa: Se suprime el período de 15 días hábiles en el que los ciudadanos, organizaciones no gubernamentales (ONG), entidades académicas y colegios de abogados podían presentar observaciones, apoyos o impugnaciones fundadas ante el Ministerio de Justicia contra los postulantes elegidos por el Presidente.

• Adiós a los criterios de diversidad: El decreto deroga la obligación de considerar la diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional a la hora de proponer a los futuros miembros del máximo tribunal.

• Fin de la publicación en diarios: Los antecedentes curriculares de los candidatos ya no se difundirán en diarios de circulación nacional; ahora sólo se publicarán de forma digital en el Boletín Oficial y en la web del Ministerio de Justicia.

El argumento oficial: Desde la Casa Rosada defendieron la medida bajo la premisa de la "modernización" y la "simplificación" de trámites. Sostienen que la instancia de impugnación previa en el Ejecutivo representaba una "duplicación de funciones", dado que los ciudadanos e instituciones pueden seguir expresando sus posturas durante las audiencias públicas en el Senado.

Ola de rechazos en el arco jurídico

La estrategia de publicar la medida en medio del clima mundialista y deportivo no impidió que las alarmas encendidas en el sector judicial resonaran con fuerza. Organismos de la sociedad civil y constitucionalistas salieron a cruzar duramente la decisión del Ejecutivo.

Organización / Especialista	Postura / Declaración
Poder Ciudadano	Calificó la medida como un "claro retroceso" institucional que destruye los estándares de transparencia ganados hace más de dos décadas.
Colegio Público de la Abogacía	Manifestó su enérgico rechazo al considerar que se debilita el control republicano sobre la postulación de magistrados.
Andrés Gil Domínguez (Constitucionalista)	Anticipó que acudirá a la Justicia para solicitar que el decreto sea declarado inconstitucional y se suspenda de inmediato su aplicación.

Con este nuevo esquema, el oficialismo busca acelerar y flexibilizar las negociaciones para cubrir las vacantes en el máximo tribunal del país. Sin embargo, al saltarse el filtro de la mirada pública y civil, la medida nace rodeada de polémica, sospechas de conveniencia política y una inminente batalla en los tribunales.