Avanza el plan de desregulación: el Gobierno oficializó la privatización de un sector clave del Parque Nacional Iguazú

En sintonía con el programa de achicamiento del Estado y reformas económicas, el Poder Ejecutivo dispuso la apertura al capital privado de un área conexa al Río Iguazú, cercana a la Garganta del Diablo. La medida coincide con el lanzamiento de un sistema de retiros voluntarios para el personal de Parques Nacionales.

El Gobierno nacional formalizó una nueva etapa en su política de desregulación económica y reforma del Estado, esta vez apuntando directamente a la gestión de las áreas naturales protegidas. A través de resoluciones publicadas recientemente en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo oficializó la entrega para la explotación y concesión comercial de un sector clave dentro del Parque Nacional Iguazú, el epicentro turístico de la provincia de Misiones y uno de los destinos más visitados del país.

Se trata de un área conexa al Río Iguazú que se encuentra en el trayecto de acceso a la Garganta del Diablo, el salto más imponente y emblemático de las Cataratas. Según el argumento oficial de la Administración de Parques Nacionales (APN), el sector adjudicado se encontraba en desuso y su reconversión hacia el sector privado busca dinamizar la oferta de servicios, optimizar la infraestructura turística e impulsar inversiones que el Estado ya no prevé financiar.

Este movimiento comercial se complementa con la delimitación y reordenamiento georreferenciado de polígonos territoriales para las empresas de excursiones náuticas que operan en el Área Cataratas, una medida que busca dar previsibilidad jurídica a las corporaciones privadas para futuros desarrollos de obras y servicios.

Menos Estado, más concesiones

La privatización de este sector comercial estratégico no llega de forma aislada. A través de la Resolución 191/2026, el Ejecutivo puso en marcha de manera simultánea un Sistema de Retiros Voluntarios para los trabajadores de Parques Nacionales. Desde la Casa Rosada señalaron que estas medidas están orientadas a la "simplificación, reducción y obtención de un adecuado y racional nivel de dotación" en el sector público. El objetivo trazado a principios de año por la administración nacional apunta a reducir al menos un 20% de la planta de personal, incluyendo el cuerpo de guardaparques.

La medida encendió alarmas entre gremios de trabajadores del sector y especialistas en conservación ambiental, quienes advierten un doble impacto: por un lado, el vaciamiento del personal técnico y operativo encargado de la fiscalización; por el otro, la transferencia de áreas públicas de alta sensibilidad ecológica al usufructo del capital privado.

El fantasma del desfinanciamiento

El traspaso de actividades comerciales a manos privadas se da apenas semanas después de que la Decisión Administrativa 20/2026 consolidara un recorte masivo de más de 2.557 millones de pesos en los programas de conservación y administración de la APN a nivel federal. En el caso específico del Parque Nacional Iguazú —que resguarda unas 67.000 hectáreas de selva paranaense y especies en peligro como el yaguareté—, el recorte directo superó los 41 millones de pesos, afectando recursos esenciales para combustibles, patrullajes terrestres y prevención de incendios forestales.

Mientras que los defensores de la medida oficial argumentan que la llegada de mayores inversiones privadas mejorará la experiencia del visitante y aliviará las cuentas fiscales, los sectores conservacionistas temen que la lógica del negocio turístico opaque la misión fundamental del parque: resguardar a perpetuidad uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad de la Argentina.