investigación: El mapa de las privatizaciones, qué vendió, cedió y concesionó el gobierno de Milei hasta hoy
A diferencia de la ola masiva de los años 90, la gestión actual avanza mediante un esquema fragmentado de venta de acciones, licitaciones de servicios y reprivatizaciones de activos energéticos. El objetivo oficial es alcanzar los US$ 3.000 millones en ingresos.
El plan de reforma económica de Javier Milei tiene en el desguace y la privatización de las empresas públicas uno de sus pilares doctrinarios más firmes. Bajo la premisa de eliminar el déficit fiscal y reducir el Estado a su mínima expresión, la administración nacional ha desplegado una estrategia que combina la venta directa de paquetes accionarios, el llamado a nuevas concesiones de infraestructura y el desprendimiento de activos energéticos clave.
A mediados de 2026, el proceso muestra una fisonomía distinta a la de los años noventa: en lugar de una ley ómnibus única que liquide todo en un solo bloque, el Ministerio de Economía, comandado por Luis Caputo, y las áreas de privatizaciones avanzan de manera quirúrgica y fragmentada, minimizando los costos políticos y destrabando operaciones de forma individual.
Hasta el momento, el Estado nacional ha logrado recaudar más de US$ 1.080 millones mediante estas operaciones, con una meta fija de duplicar esa cifra antes de que termine el año en curso.
1. Lo concretado: Ventas de acciones y activos energéticos
El grueso de los dólares que ingresaron a las arcas estatales (utilizados principalmente para robustecer reservas y afrontar compromisos de deuda) proviene del sector energético y de la venta de participaciones que el Estado poseía en empresas mixtas.
Venta de acciones en Transener: En una de las operaciones más relevantes del sector, el Gobierno cedió la participación estatal que mantenía en la principal transportadora de electricidad en alta tensión del país por un valor aproximado de US$ 356 millones.
Complejo Hidroeléctrico del Comahue: Se avanzó con la adjudicación y privatización de la explotación de cuatro represas hidroeléctricas clave sobre los ríos Limay y Neuquén (entre ellas la emblemática central de Alicurá), lo que representó un ingreso de US$ 700 millones. Esta decisión revirtió el debate sobre el retorno de estos recursos estratégicos al control de las provincias o de una gestión pública mixta al vencerse los contratos originales de los 90.
Desinversión parcial en ENARSA: Se inició el desprendimiento de activos y centrales térmicas asociadas a la empresa de energía estatal.
2. Concesiones y privatizaciones en marcha (Segunda Ola 2026)
El Ministerio de Economía ya tiene listos los pliegos y los esquemas de transferencia para un grupo de empresas que organizan la logística, el transporte y los servicios esenciales del país.
3. El horizonte de las empresas remanentes
El listado de firmas públicas en la mira sigue siendo extenso. Aunque algunas compañías emblemáticas sufrieron modificaciones en su estatus legal debido a los debates legislativos, el marco normativo del DNU vigente mantiene bajo la lupa de privatización, cierre o reestructuración a organismos como Correo Argentino, Radio y Televisión Argentina (RTA), la Casa de la Moneda, el astillero Tandanor y los remanentes de la estructura de Ferrocarriles Argentinos.
A diferencia de la gestión de Carlos Menem, donde el Estado delegaba el monopolio de servicios enteros, el esquema actual busca reconfigurar el rol estatal: el sector público deja de operar y pasa a garantizar las condiciones regulatorias para que el capital privado capture la rentabilidad de la infraestructura nacional.
El paralelismo entre las reformas de Javier Milei en 2026 y las de Carlos Menem en los años 90 es inevitable, pero un análisis en profundidad revela diferencias estructurales, legales y técnicas muy marcadas. El proceso actual responde a un ecosistema jurídico y financiero completamente distinto.
1. Diferencias Legales y Constitucionales
El andamiaje jurídico básico
El modelo Menem (1989): Se cimentó sobre la Ley de Reforma del Estado (N° 23.696).
Esta norma otorgó al Poder Ejecutivo facultades extraordinariamente amplias y un "cheque en blanco" para declarar "sujeta a privatización" a prácticamente cualquier empresa del Estado por decreto, con una fiscalización parlamentaria posterior muy laxa (vía Comisión Bicameral). El modelo Milei (2026): Funciona bajo un esquema mucho más restrictivo y condicionado. Tras el complejo debate de la Ley Bases, el Congreso recortó drásticamente las pretensiones iniciales del Ejecutivo. El parlamento no otorgó una autorización genérica, sino un listado taxativo y cerrado de empresas (originalmente reducido a un puñado como AySA, Belgrano Cargas, Corredores Viales e Intercargo), blindando explícitamente a firmas emblemáticas como el Banco Nación o YPF, e imponiendo un control parlamentario preventivo y pasos administrativos obligatorios antes de cada firma.
La figura jurídica de las empresas
Los 90: La mayoría de las compañías eran "Empresas del Estado" o "Sociedades del Estado" bajo regímenes de derecho público rígidos que debieron ser transformados masivamente en Sociedades Anónimas antes de su venta.
El presente (2026): El andamiaje legal se apoya en la desregulación del DNU 70/23, que forzó la reconversión generalizada de las firmas supérstites en Sociedades Anónimas para facilitar su inserción directa en el mercado de capitales o esquemas de fusión y adquisición (M&A).
2. Diferencias Técnicas y de Mercado
La entrega del monopolio vs. Desregulación y Competencia
Esta es la divergencia técnica y doctrinaria más profunda:
El modelo Menem: Para hacer atractivas a las empresas en un contexto de altísima inflación o post-hiperinflación, el Estado menemista vendió las compañías garantizando monopolios u oligopolios regulados por tiempo determinado. Los casos más claros fueron Telefónica y Telecom (división del monopolio de ENTel) o las distribuidoras de gas y electricidad. El comprador privado adquiría un mercado cautivo.
El modelo Milei: Doctrinariamente busca lo contrario: privatizar quitando cualquier rastro de exclusividad. El objetivo técnico es romper el monopolio antes o durante la venta. Por ejemplo, el desguace de Intercargo o la apertura de las líneas de Belgrano Cargas conviven con políticas de "cielos abiertos" y desregulación del transporte, obligando a las empresas privatizadas a competir directamente en el mercado desde el primer día sin protección estatal.
El destino de los fondos y los activos estratégicos
Los 90: Se priorizó el rescate de la deuda soberana externa. Gran parte de las privatizaciones se pagaron mediante la entrega de títulos de la deuda pública depreciados (mecanismo de capitalización de deuda), lo que permitió limpiar el balance del Estado pero limitó el ingreso de efectivo fresco al Tesoro. Además, se transfirieron redes físicas completas (activos fijos).
El presente (2026): El proceso está enfocado en generar caja líquida e inversión privada directa para sostener el superávit financiero y acumular reservas en el Banco Central. Técnicamente, se priorizan las licitaciones de concesión de operación y la venta de participaciones accionarias del Estado en empresas donde comparte propiedad (como la reciente venta de la participación estatal en Transener/Citelec por US$ 356 millones), en lugar de liquidar la infraestructura de forma total e irreversible.
3. Matriz Comparativa Síntesis
| Eje de Análisis | El Proceso de los Años 90 (Menem) | El Proceso Actual (Milei 2026) |
| Origen del Poder Legal | Ley 23.696 de Reforma del Estado amplia y delegativa. | Ley Bases (listado de empresas acotado por el Congreso) + DNU 70/23. |
| Estructura de Mercado | Creación de monopolios privados regulados para asegurar rentabilidad al comprador. | Desregulación total previa o simultánea; libre competencia sin exclusividad. |
| Método de Pago Principal | Canje de títulos de deuda pública externa devaluados + efectivo. | Ofertas públicas licitadas estrictamente en dólares en efectivo (cash). |
| Alcance Operativo | Transferencia total de activos físicos, infraestructura y control de servicios. | Combinación de concesiones de explotación, venta de acciones remanentes y privatizaciones parciales. |
En resumen, mientras que Menem utilizó las privatizaciones como una herramienta de emergencia macroeconómica para canjear deuda y estabilizar la economía entregando mercados exclusivos, la gestión de Milei las ejecuta bajo una lógica microeconómica de desregulación competitiva, condicionada por un Congreso mucho más restrictivo y enfocada en el retiro definitivo del rol empresarial del Estado.
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