La dotación del Estado cayó más de un 21%: las claves del informe del INDEC sobre el empleo público

POLÍTICA Y ECONOMÍA

Tras más de dos años de gestión de Javier Milei, los registros oficiales confirman una reducción superior a los 74.000 puestos en el Sector Público Nacional. El recorte impactó tanto en la Administración Pública Nacional como en empresas y sociedades estatales.

El plan de reestructuración del gasto promovido por el Poder Ejecutivo continúa reflejándose en la plantilla estatal. De acuerdo con el informe de Dotación de Personal de la Administración Pública Nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la masa de trabajadores del Estado nacional registra una contracción histórica desde el inicio de la actual gestión.

Los datos muestran que la plantilla pasó de 343.357 contratados y efectivos en diciembre de 2023 a poco menos de 269.000 trabajadores hacia la segunda mitad de 2026. La cifra equivale a una retracción cercana al 21,6% de la fuerza laboral pública a nivel nacional.

Dónde se concentró el ajuste

La reducción respondió tanto a la no renovación de contratos temporales y esquemas de retiros voluntarios como a la disolución o privatización parcial de empresas públicas.

Área del Sector Público	Impacto y Principales Sectores Afectados
Empresas del Estado	Reducción destacada en Correo Argentino (con más de 5.000 desvinculaciones), Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
Administración Descentralizada	Bajas continuadas en entes y organismos como CONICET, ANSES, ARCA (ex AFIP) e INTI.
Administración Centralizada	Absorción y cierre de ministerios, secretarías y direcciones dependientes del Gabinete Nacional.

Las miradas contrapuestas

• La postura oficial: Desde la Casa Rosada y la Secretaría de Transformación del Estado sostienen que el achicamiento de la estructura del Sector Público Nacional es clave para alcanzar el equilibrio fiscal y eliminar superposiciones operativas en las funciones del Estado.

• La respuesta gremial: Sindicatos de empleados públicos como ATE (Asociación Trabajadores del Estado) y UPCN mantuvieron jornadas de protesta, denunciando el impacto de las bajas en la atención de servicios esenciales y la vulnerabilidad laboral de los contratados.