Polémica por una millonaria compra de carne para la Casa Rosada y Olivos en pleno ajuste
En medio de una marcada contracción del consumo masivo y con el poder adquisitivo golpeado por la inflación, la publicación de un pliego de licitación oficial para la provisión de alimentos en las dependencias presidenciales generó una fuerte polémica. El Gobierno aprobó el llamado para adquirir más de 29 toneladas de carne destinadas a los comedores de la Casa Rosada y la Residencia Presidencial de Olivos, por un monto estimado en $500 millones.
La resolución, difundida a través del portal oficial de compras del Estado (Compr.ar), contempla un surtido de cortes de carne vacuna, porcina, aviar y pescado para abastecer el consumo de las sedes gubernamentales durante los próximos meses. Entre los ítems solicitados destacan cortes de primera calidad como lomo, ojo de bife, asado y salmón.
Un contraste con el discurso de austeridad
La difusión de la compra desató duras críticas de la oposición y diversos sectores sociales, al resaltar el contraste entre la magnitud de la contratación y el discurso de austeridad presupuestaria que el Ejecutivo promueve bajo la premisa de la "motosierra" sobre el gasto público.
Caída del consumo de carne: Según datos recientes del sector cárnico, el consumo por habitante en Argentina ha alcanzado niveles históricamente bajos debido al alza acumulada de precios en las góndolas.
Tensión en las cuentas públicas: La cifra de $500 millones resulta contradictoria para la opinión pública frente al recorte congelado de partidas presupuestarias en áreas sensibles como la salud, la educación pública, las jubilaciones y la obra pública.
Desde el entorno oficial argumentan que las licitaciones representan montos máximos autorizados para licitar y no necesariamente el gasto final ejecutado, además de estar destinadas a cubrir las necesidades operativas de cientos de trabajadores, edecanes y personal de seguridad que prestan servicios diarios en los inmuebles presidenciales. Sin embargo, la oportunidad del gasto reavivó el debate sobre los límites de la austeridad y el ejemplo que el Estado debe proyectar en momentos de fragilidad socioeconómica.













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