Tras dos décadas de gestión estatal, el Gobierno privatizó AySA: el grupo encabezado por Rowing y Filiberti se quedó con la concesión por US$ 340,2 millones

GIRO HISTÓRICO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

El Ministerio de Economía abrió los sobres de la licitación por el 90% del paquete accionario. El nuevo operador técnico será la brasileña Arcos Saneamento y el consorcio asumirá compromisos de inversión millonarios.

En un paso clave para el programa de reforma del Estado y desinversión pública, el Gobierno nacional concretó este jueves la adjudicación de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) al sector privado. Luego de un proceso licitatorio que cerró en la sede del Ministerio de Economía, el consorcio integrado por las firmas Rowing, Transclor, Arcos Saneamento y PHX resultó ganador tras presentar la oferta más elevada: US$ 340,2 millones por el 90% de las acciones de la compañía.

La propuesta del holding ganador superó a la de su competidor directo, el grupo liderado por Roggio S.A. (asociado con Hidrosan Capital y Aguas del Plata), que había elevado un ofrecimiento de US$ 285 millones.

Un consorcio de peso estratégico

El nuevo mapa accionario y operativo de la mayor prestadora de agua y servicios cloacales de la Argentina —que brinda cobertura a cerca de 14 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense— queda configurado bajo una alianza multisectorial:

• Rowing: Nave insignia del empresario Walter Román, constructora especializada en obras de infraestructura urbana y servicios públicos.

• Transclor: Perteneciente al empresario Mauricio Filiberti —quien además participa en Edenor y Metrogas—, históricamente el principal proveedor de productos químicos (como el coagulante policloruro de aluminio) para la potabilización del agua.

• Arcos Saneamento e Participações: Perteneciente al grupo brasileño Equipav (operador de Águas do Rio en Brasil), que asumirá el rol de operador técnico del sistema con hasta un 25% de participación en el grupo.

• PHX Aqua AR BV: Vehículo financiero de inversión internacional radicado en los Países Bajos.

El 10% restante de las acciones de la empresa continuará en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada (PPP), bajo la representación del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS). Adicionalmente, el comprador deberá asumir un pasivo financiero de US$ 70 millones que registraba la compañía.

Inversiones, metas de cobertura y regulación

La concesión otorgada contempla un plazo inicial de 30 años. El pliego contractual diseñado por la Secretaría de Empresas Públicas fija pautas operativas y de inversión estrictas:

• Plan quinquenal 2027-2031: Un programa operativo de $2,89 billones destinables a obras de infraestructura, mantenimiento preventivo y red de agua.

• Metas de expansión: Para el año 2031, la empresa privada deberá llevar la cobertura de agua potable al 75,3% y la red de cloacas al 63,9% de la población en la concesión. Hacia el término del periodo inicial, dichos indicadores deberán alcanzar el 90% y el 75%, respectivamente.

• Reducción de pérdidas: Se exige un plan de choque contra la ineficiencia del sistema, que actualmente registra pérdidas de agua potable cercanas al 42% del total procesado.

Balance de época y repercusiones políticas

Con esta venta se cierra un ciclo de dos décadas iniciado en marzo de 2006, cuando el Poder Ejecutivo resolvió la rescisión del contrato a la ex Aguas Argentinas (liderada por el grupo francés Suez) para estatizar la prestación. Según datos difundidos por la Secretaría de Hacienda, entre 2006 y 2023 la compañía recibió giros del Tesoro por más de US$ 13.400 millones para sostener su operación y subsidios tarifarios.

Mientras desde la administración nacional ponderan la operación como un paso hacia la autosuficiencia operativa del servicio, desde los bloques de la oposición en el Congreso señalaron dudas en el proceso licitatorio y cuestionaron el valor de venta.

Con la adjudicación en marcha, el nuevo grupo operador tomará las riendas en los próximos meses, abriendo una nueva etapa en la administración del servicio básico de agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.