Editorial Periodístico: QUE NO NOS CONFUNDAN: LA LEY NO SE CAYÓ
Lo que ocurrió en las últimas horas no fue una marcha atrás ni un acto de reflexión por parte del Gobierno; fue una maniobra puramente táctica. Simplemente retiraron un 20% del articulado como una estrategia política para negociar mañana y ganar tiempo en el recinto. El núcleo del problema sigue intacto y el riesgo para nuestros derechos, bienes comunes e intereses sociales sigue siendo exactamente el mismo.
No podemos dejarnos engañar por modificaciones parciales ni conformarnos con concesiones a medias. Es en este preciso momento cuando debemos responder con mayor firmeza. La organización, la presencia colectiva y la presión social tienen que aumentar, no diluirse. Nuestro objetivo no es modificar un texto ni aceptar pequeños retoques: el objetivo es derribar esta ley. Entera. Por eso, mañana no nos quedaremos en casa. Nos vemos en las calles para hacer oír nuestra voz con más fuerza que nunca. La lucha continúa y nos necesita a todos presentes.
Lo que esconde el proyecto: Los puntos críticos que continúan en pie
Aunque la versión mutilada pretenda mostrarse "suavizada", la estructura de fondo del proyecto mantiene intactos los ejes más regresivos:
Delegación de facultades extraordinarias: Se otorga al Poder Ejecutivo la capacidad de legislar sin pasar por el Congreso en materias clave, concentración de poder que vulnera el sistema republicano.
Privatización y remate de empresas públicas: Mantiene el marco legal listo para la enajenación o concesión de activos estatales estratégicos y servicios esenciales.
Flexibilización y reforma laboral: Premia la precarización, desarticula indemnizaciones y debilita la indemnización por despido, abriendo la puerta al trabajo sin garantías.
Ajuste y desfinanciamiento sectorial: Mantiene recortes estructurales en educación, ciencia, salud y cultura, junto con la pérdida de autonomía de organismos autárquicos.
Desmonopolización del régimen de recursos naturales: Facilita la entrega de bienes comunes y debilita normativas ambientales de protección de bosques, glaciares y cuencas hídricas para favorecer negocios extractivistas.
Ataque al derecho de protesta: Introduce figuras penales y restricciones que buscan criminalizar la movilización social y la manifestación callejera.
El retoque parcial del texto es solo la fachada de una negociación a espaldas de la ciudadanía. Mañana, la respuesta está en la calle.
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